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Presentado recurso contra las medidas infractoras de derechos fundamentales en centros sanitarios de las Islas Baleares

El recurso interpuesto por LIBERUM Asociación por los Derechos Humanos, se dirige contra las medidas adoptadas en la sesión del Consell de Govern de les Illes Balears, mediante el acuerdo del 13 de diciembre de 2021, para contener determinados aspectos de la pandemia ocasionada por el Covid-19 y cuya entrada en vigor, una vez publicada la Orden del día 18 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial de les Illes Balears, tendrán una duración hasta el día 24 de enero de 2022.

Mediante la presente nota de prensa os informamos que ayer noche, día 22 de diciembre de 2021, y tras la diligente respuesta de Abogado y Procurador, LIBERUM interpuso recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección de derechos fundamentales, ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por vulneración de varios artículos de la Constitución que a continuación detallamos.

  • Artículo 1, en donde quedan establecidos como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  • Artículo 10, que copiamos literal e íntegramente: 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España
  • Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
  • Artículo 15, derecho a la vida y a la integridad física y moral.
  • Artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.
  • Artículo 18, en donde se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la protección de los datos personales.
  • Artículo 19, libertad de residencia y deambulatoria de todos los españoles.

El acuerdo impugnado por LIBERUM impone medidas restrictivas de los derechos fundamentales en el ámbito de los centros sanitarios, tanto para los trabajadores de dichos centros y las nuevas incorporaciones a la plantilla, como para las visitas y los propios usuarios o residentes de dichos centros sanitarios.

La sociedad civil balear y los profesionales sanitarios, unidos en torno al grupo Demanda Colectiva Baleares, son los auténticos artífices de esta movilización que esperamos alcance en los próximos días y semanas a miles más de personas que defiendan sus derechos y libertades antes los tribunales. Por nuestra parte, en nuestro recurso recién interpuesto se han sumado trescientas veintinueve personas que, arropadas por el Equipo Jurídico de LIBERUM, han dado un paso al frente en la defensa a ultranza de sus derechos fundamentales y las libertades públicas que les están siendo arrebatadas.

Nunca antes en la historia de nuestra democracia se habían contemplado unas medidas tan limitativas de derechos fundamentales para acceder a los puestos de trabajo, llegando al extremo de no respetarse ni tan siquiera el requisito fundamental y formal del previo informe de los representantes de los trabajadores.

El «pasaporte» Covid, que desde las distintas Autonomías está poco a poco queriéndose implantar en diferentes ámbitos y sectores de la sociedad, está siendo utilizado de manera indiscriminada por las autoridades políticas y sanitarias como una especie de salvoconducto vital mediante el cual ejercer una presión a los ciudadanos, como así lo han declarado varios de estos mismos representantes políticos y autoridades sanitarias, para obligar a la inoculación de la terapia génica Covid, mal llamada «vacuna», pues no nos cansaremos de repetir que no puede llamarse vacuna a un producto farmacológico que no inmuniza ni individual ni colectivamente, como ya sabe y entiende todo el mundo.

Esta huida hacia ningún lugar, sin base legal ni científica, por parte de las autoridades políticas y sanitarias, más la connivencia y colaboración necesaria de los medios de comunicación de masas, nos está conduciendo de manera cada vez más evidente, hacia una dictadura totalitaria de control social en la cual hoy son los sanitarios, pero mañana podrán ser los profesores, pasado los comerciantes, al siguiente los funcionarios, así hasta acorralar a todas las personas que conforman la sociedad, como descaradamente pretenden nuestros políticos, pasito a pasito, en un espacio de privación de derechos y libertades que no podríamos llamar en absoluto democracia.

Podemos ya afirmar rotundamente que las distintas Administraciones están utilizando sus competencias reguladoras (saltándose la legislación que emana de las Cortes Generales de la Nación española, de la cual todos somos titulares por soberanía popular) para atacar los derechos y libertades del conjunto de la sociedad, de tal forma que nos encaminamos, si nadie lo detiene desde las instituciones del Estado o el pueblo español en su conjunto no se hace cargo de ello, hacia una situación no ya de «crisis sanitaria», sino de crisis de Estado.

Los Tribunales, últimos baluartes del Estado en la defensa de la Democracia frente a la Dictadura totalitaria de control social que avanza con la excusa de una «crisis sanitaria» que está utilizando la mortandad natural de las temporadas epidemiológicas como arma arrojadiza contra el pueblo español, sabemos que son igual de conscientes que nosotros y que el resto de la comunidad jurídica española de que se están cometiendo múltiples infracciones, millares a diario, contra el ordenamiento jurídico y, en especial, contra la legislación sanitaria y la Constitución.

Suplicamos a los Jueces y Magistrados su intervención para detener este proceso totalizador de clausura de los Derechos Humanos y fundamentales de todos los españoles, con la urgencia de que, cada día que pasa, la quiebra del Estado de Derecho y la incipiente crisis de Estado está dejando en la indefensión a la población española.

Por la Dignidad y los Derechos Humanos.

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