LIBERUM denuncia a Ángels Barceló por incitación al odio

Como conocedores y profesionales de la Ciencia Jurídica, lo que a nosotros nos compete es que se respeten las Leyes, los derechos y garantías constitucionales y el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. Esos son los conocimientos que estudiamos en la carrera y la materia prima con la que nos desempeñamos profesionalmente.

Así pues, nos ocupa y nos preocupa que aquello que conocemos fehacientemente se esté utilizando como arma arrojadiza para estigmatizar a las personas. Con esta misma preocupación se han manifestado públicamente multitud de juristas, como hace apenas unos pocos días lo hiciera el colectivo de abogados especializados en Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

También, recientemente y desde el punto de vista biomédico, en un estudio publicado en la revista científica Lancet por el Dr. Günter Kampf (Epidemiólogo hospitalario, consultor y profesor asociado de higiene y medicina ambiental en la Universidad de Medicina de Greifswald, Instituto de Higiene y Medicina Ambiental de Alemania) se demuestra con datos de estudios ya realizados que “estigmatizar a los no vacunados no se justifica“, pues como ya se ha afirmado por las autoridades sanitarias y es conocido por todos, especialmente por los propios afectados, los vacunados no han ganado inmunidad alguna frente a la enfermedad, sino solo protección para el caso de que enfermasen, por lo que son igualmente contagiadores, de forma que, en su estudio, el Dr. Kampf afirma que “cada vez hay más pruebas de que las personas vacunadas siguen teniendo un papel relevante en la transmisión“, poniendo para ello varios ejemplos basados en la práctica clínica.

En España, y con un índice de personas completamente vacunadas que roza el 80% de la población, la carga de la prueba sobre la eficacia de las “vacunas” Covid y la petición de responsabilidades sobre la procedencia de los contagios tendría que recaer en las autoridades sanitarias y políticas, las mismas que nos aseguraron que la inmunidad de grupo se alcanzaría cuando la tasa de vacunación llegase a altas cotas, poniéndose como objetivo el 70% de la población mayor de 12 años. Superada esa cifra con creces, y a pesar de que tanto las farmacéuticas fabricantes han reducido considerablemente la eficacia de sus fármacos, así como el haberse sustituido inmunización por protección contra la enfermedad, se insiste en culpabilizar injustificadamente y de manera irracional a una minoría de la población hasta el punto de deshumanizarla por completo y hacerla parecer “agentes patógenos per se” antes que seres humanos.

Y sin embargo, con el actual estado de ambas Ciencias, la jurídica y la científica, la lógica de ese planteamiento con el que se intenta inculpar a un sector minoritario de la población habría de conducirnos obligatoriamente a que se averiguase la procedencia y origen de todos y de cada uno de los contagios que se produjeran (si se debe a un vacunado o a un no vacunado) para que tanto las garantías jurídicas de las personas como el rigor que exige la metodología científica se respetasen sin caer en erróneas sentencias y conclusiones, respectivamente.

Recordamos el poder que los medios de comunicación de masas tienen como correa de transmisión de sentimientos lesivos, de exclusión o marginación, de incitación al odio y de estigmatización de determinadas personas o grupos y colectivos en función de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tal y como dolorosamente nos demuestran las experiencias de discriminación del pasado que ya creíamos haber superado. Por poner solos dos ejemplos, nos acordamos del papel fundamental de cine y radio en los totalitarismos de principios del siglo pasado o el más reciente de la radio en la guerra civil entre hutus y tutsis de finales del mismo.

Por último, desde LIBERUM Asociación por los Derechos Humanos queremos hacer hincapié en que somos defensores de los Derechos Humanos, civiles y sociales en su totalidad – no en vano así está recogido en los fines de sus Estatutos y en su Manifiesto público – , no solo de la libertad individual de las personas, pues nuestra defensa de los mismos parte de la dignidad, fuente dimanante del resto de derechos que le son propios al ser humano y valor superior más protegido y mencionado en las legislaciones nacional y europea y en los tratados internacionales que regulan la Bioética y el Patrimonio Genético Humano, como por ejemplo, entre otros, el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, ratificado por el Estado español en 1997 y vigente en nuestro ordenamiento desde el 1 de enero de 2000 y que en su capítulo II (Consentimiento) artículo 5 (Regla general) dice: “Una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento“.