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LIBERUM presenta denuncia contra Javier Solana por delito de odio

El ex-ministro publicó en su cuenta de Twitter: «Los que no se vacunan son responsables de esta nueva ola«.

Cangas de Onís, viernes 19 de noviembre de 2021.

 

Ante la temeridad del provocador mensaje hecho público en la red social de Twitter el pasado 13 de noviembre por el político y ex-ministro socialista Javier Solana, desde la Asociación LIBERUM por los Derechos Humanos hemos presentado en los Juzgados de Madrid una denuncia por delito de incitación al odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal por considerarlo no solo ya una extralimitación en el derecho a la libertad de expresión, sino una infracción de los derechos a la integridad física y moral, una agresión a las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, constituyendo además una inequívoca culpabilización de un colectivo sobre unos hechos que no se han producido y para los que no se evidencia fundamentación alguna, pues, como es de público conocimiento, la denominada «vacuna» Covid no reporta a quienes se la administran la inmunización prometida, siendo igualmente susceptibles de contagiar y ser contagiados, como así ha sido reconocido por la misma OMS, contrastado en los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, recogido en los propios estudios de las farmacéuticas fabricantes y, en definitiva, es de notorio conocimiento común y ampliamente verificado por todos en la práctica.

Desde la Asociación – y desde toda la sociedad, como también puede percibirse – nos preocupa enormemente la peligrosa deriva a la que expresiones como las realizadas por el ex-político pueden arrastrar a la población y comprometer los cimientos de la convivencia y la paz social, al estar exponiendo continuadamente y de manera injustificada a un sector elevado de la misma que, de forma voluntaria y conscientemente, hace uso de los derechos humanos y fundamentales reconocidos por las legislaciones nacional, europea y los tratados internacionales.

Las irresponsables palabras del otrora mandatario se circunscriben en esa preocupante dirección, siendo clara su carga incriminatoria, generando sentimientos lesivos a la dignidad humana del colectivo y de cada una de las personas a las que van dirigidas, produciendo inseguridad a la comunidad, alentando al repudio entre seres humanos y ocasionando unas infundadas sensaciones de amenaza en la sociedad.

Por último, no dejamos de asombrarnos ante el empobrecimiento en el que ha caído la concepción de la dignidad, de los derechos humanos (individuales y colectivos, pues éticamente es imposible separarlos como se pretende hacer creer), la noción y prevalencia de los derechos fundamentales, el cumplimiento mismo del ordenamiento jurídico y, en resumidas cuentas, el sentido intrínseco del Estado de Derecho, pues ni tras las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, máximo garante de nuestros derechos y libertades, declarando inconstitucionales sendos estados de alarma, han servido para que las autoridades políticas asuman las responsabilidades que, en el ejercicio de sus cargos, se derivan por los graves y repetidos daños ocasionados a los derechos y libertades del conjunto de los españoles. Muy al contrario, amedrentadas y desoladas por sus gobiernos, las sociedades civiles española y europea asisten con preocupación a la devaluación y eliminación de sus derechos civiles, sociales y laborales, y al nocivo enrarecimiento de la confianza en las relaciones humanas.

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